Entre los muchos argumentos que van y vienen, en favor o en contra de la llamada reforma judicial, existe una desinformación que debe cortarse de raíz para poder avanzar en el camino de la justicia y la democracia. Me gustaría comenzar con una frase del escritor y guionista norteamericano Paul Auster, “Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia”. Esta frase retrata muy bien la condición que vive la sociedad mexicana en este momento, donde los actos para reivindicar el derecho, la equidad, la razón y la objetividad están capturados por grupos de poder económico a los que poco o nada les interesan las necesidades de la población en general.

A pesar de los intentos de obstaculización promovidos por las élites acostumbradas a los privilegios y a las prebendas, la Reforma Judicial ya tuvo un avance significativo con la aprobación en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados. Ahora solo falta la aprobación en la Cámara de Senadores, en donde hasta el momento, se están obteniendo posibilidades concretas de salir adelante.

Esta reforma no debe verse como un movimiento aislado, por el contrario, forma parte de una serie de cambios que incluyen otros ámbitos de la vida social del país, como la de la Guardia Nacional para tener la capacidad de hacer frente al crimen organizado y, los cambios estructurales en las fiscalías para asegurar una justicia para todos.

En torno a la desinformación que se está manejando por parte de la oposición, se encuentran varias objeciones que no tienen mayor sustento que la necesidad de no mover las cosas para que sigan igual. Cabe destacar que esta reforma no es nueva, tiene al menos siete meses en discusión y abierta al escrutinio público, además, hubo una serie de foros donde incluso participaron miembros destacados del Poder Judicial, entre ellos ministros de la Suprema Corte de Justicia, donde se expusieron inquietudes, dudas y se hicieron sugerencias de modificación; de hecho, se incorporaron alrededor de 100 cambios que surgieron de esos foros; en ese sentido, no puede decirse que es una reforma improvisada o al vapor.

Sobre la pérdida de los derechos con la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, es importante aclarar que, el cambio propuesto en la reforma es que en lugar de que sean administrados por la Suprema Corte, sea el Estado en su conjunto quien lo administre y que además sirva de garante. Con esta modificación se dará una mayor certeza jurídica y se asegura el uso de los recursos de forma transparente y eficiente.

La supuesta vulneración de los derechos de los trabajadores no es tal, ya que la reforma se ajustó para proteger a los trabajadores. En este punto quiero destacar que, según un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jueces y magistrados no son empleados. A pesar de esto, la reforma contempla que, si alguno de los jueces o magistrados decide no participar en el proceso o no es elegido por la población, todos sus derechos laborales están garantizados, por lo que recibirán un pago equivalente a tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, junto con las prestaciones que les corresponden.

Entiendo que existan personas que no quieran esta reforma, algunos por miedo a perder sus privilegios, otros por simple desconocimiento o llevados por la desinformación y hasta quienes por el simple hecho de ser opositores sistemáticos a la Cuarta Transformación. Lo que también es un hecho, es que ante la necesidad de obtener el acceso a una justicia real y expedita para todos los mexicanos, estamos obligados a trabajar por un sistema de justicia que esté a la altura de los mexicanos y mexicanas.

Retomo en este punto la frase de Paul Auster, la justicia es para todos o no es justicia.