-Más notarios e inmobiliarios estafadores
-Relegan a los narcopanteones locales
-Candidata a ministra bloqueada en la UACJ
-Estocada a taurinos... nomás en Chihuahua
El caso de la Inmobiliaria Casas Juárez y la colección de denuncias que tiene su representante, el desaparecido Héctor Alejandro R. C., destapó una cloaca en la que conviven el Infonavit, los notarios públicos, peritos valuadores, abogados y otros dueños o empleados de las empresas dedicadas a los bienes raíces.
El supuesto empresario que exhibe en sus redes su lujoso estilo de vida con viajes internacionales, está denunciado por robos, fraudes y despojos contra trabajadores que pierden su patrimonio debido al uso irregular de su información personal, por parte de redes especializadas en detectar créditos en impago y casas solas, para luego venderlas como propias y estafar tanto a compradores como a los dueños originales.
La mafia o mafias dentro del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, como lo exhibió a finales del año la propia presidenta Claudia Sheinbaum, vendió a nivel nacional 12 mil veces mil 400 viviendas, una locura de números y un despropósito absoluto que pervierte el carácter social de la institución federal especializada en el crédito hipotecario.
Pues bien, algunos reportes no oficializados por el Infonavit -dado que se han hecho como que la virgen les habla tanto el delegado en Chihuahua, Jesús Octavio García, como la titular de Programas Sociales, Mayra Chávez- ubica más de 100 operaciones con menos de una veintena de inmuebles.
Eso es apenas la punta del iceberg de la reventa irregular de casas solas con créditos en impago, de las que se aprovechan inmobiliarios con la anuencia de, cuando menos, dos notarios públicos en Juárez, Carlos Alberto Acevedo Barraza de la Notaría Pública 10 y Carlos Javier Espinoza Leyva de la 17.
Por mientras, otras empresas de las que comenzaron a surgir quejas son Unidad Inmobiliaria, que ni domicilio tiene y opera desde el inframundo de las redes sociales; y Triomphe Bienes Raíces, que se presenta como intermediaria en los problemáticos remates bancarios.
Ambas están señaladas de operar mediante esquemas cuestionables, por decir lo menos, con información de dependencias municipales a cargo del impuesto predial; estatales para el Registro Público y la Fiscalía; federales como el Infonavit, otorgante de los créditos y hasta los bancos privados, para las hipotecas de mayor valor.
Además de operadores como Héctor Alejandro R.C., también enfrentan denuncias algunos abogados que se han especializado en estos litigios ventajosos, que van más allá de su responsabilidad profesional de defensores de acusados o tramitadores con representación legal.
En la Fiscalía Zona Norte tienen registro, por ejemplo, de la licenciada Rebeca Amparo L. S., así como de su socio Héctor C., en demandas también relacionadas con el despojo de dos viviendas en el fraccionamiento Hacienda de los Nogales, en los que se involucran poderes notariales irregulares y otras linduras, orientadas a defraudar a clientes compradores y dueños originales de casas en el abandono o con créditos en mora.
Indudablemente es una problemática social creciente, en especial contra la clase trabajadora menos favorecida, por parte de presuntos delincuentes de cuello blanco que aprovechan la ineficiencia y complicidad que han mostrado las autoridades.
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Si bien son escalofriantes las crónicas que han hecho buscadores, periodistas y autoridades del ya famoso rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco, no son más que la realidad chihuahuense de cadáveres descuartizados, huesos sueltos y esqueletos de casi 100 víctimas encontradas en los narcopanteones de los municipios del noroeste.
La historia de los campos de exterminio y hornos clandestinos encontrados a menos de una hora de la ciudad de Guadalajara, responderá seguramente a la pregunta que desde hace décadas nos hacemos en el país: ¿a dónde van los desaparecidos que jamás son localizados?
Igualmente, los narcopanteones locales, relegados del foco internacional con el aterrador hallazgo de los Guerreros Buscadores de Jalisco, han empezado a dar respuestas, con las primeras identificaciones de las víctimas, lo que apenas es un ligero alivio para cientos de familiares sumidos en la incertidumbre, la desesperación y la ansiedad por no saber el destino de sus seres queridos.
Esto es lo que llevó a una vigilia con poca participación, pero mucho significado, organizada en por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y el Colectivo Epistémico de Teoría Crítica de Chihuahua, entre otras asociaciones.
La Vigilia y Luto Popular de Chihuahua fue convocada en la Cruz de Clavos, frente al Palacio de Gobierno, de forma simultánea con la convocada en el zócalo de la Ciudad de México y otras ciudades del país.
El fin, pues, fue presionar por el aterrador hallazgo de Teuchitlán, pero sin olvidarse de El Willy, de Casas Grandes; el tiradero de cadáveres de Santo Domingo, en las cercanías de la capital; los narcopanteones de Juárez y la terrible historia del rancho Dolores, de Cuauhtémoc, donde también han salido miles de restos óseos que ni siquiera se han identificado, así que menos han sido encarcelados los responsables de tal barbarie.
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Algo tarde, pero nos llega el dato de que a Ana María Ibarra Olguín, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le cerraron las puertas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el pasado viernes siete de marzo, para dictar una conferencia.
Dicen que la mujer, con años de trayectoria en el más alto tribunal del país, buscó el espacio para promover su proyecto con una ponencia sobre la reforma judicial, pero le dieron largas y largas que al final le hicieron entender que no sería bien recibida.
Así, la que entró al quite fue Nora Elena Yu, senadora suplente de la morenista Andrea Chávez y poderosa expresidenta de la Asociación de Agentes Aduanales, quien le consiguió en cuestión de horas el auditorio de la organización, con un lleno aceptable.
Ibarra Olguín, nos comentan, duró todo el fin de semana antepasado en Chihuahua, pues además de visitar la frontera recorrió dos universidades privadas de la capital.
Le abrieron las puertas Arturo González, magistrado federal del Tribunal Colegiado Civil y del Trabajo, además de una alta funcionaria judicial que trabajó en la Corte cuando Arturo Zaldívar era ministro presidente, Rebeca Saucedo López, secretaria proyectista en el Segundo Tribunal Colegiado Penal y Administrativo. Ambos también irán en las boletas para la elección de junio.
El dato, aunque llega a destiempo, resulta relevante en la carrera por los cargos del Poder Judicial Federal, pues finalmente Ibarra Olguín trae todo el respaldo de Zaldívar, comisionado por la presidenta Claudia Sheinbaum para dirigir la reforma.
Por lo tanto, no es una candidata común; es más, los conocedores del terreno judicial federal la ponen al nivel de Lenia Batres y Yasmín Esquivel, las dos favoritas, ya en funciones, son consideradas prácticamente como electas, gracias a la estructura política de la 4T.
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El fin de semana salió la sentencia del Juzgado Segundo de Distrito, dirigido por Martha Cecilia Zúñiga, que de facto prohíbe las corridas de toros, dándole el amparo a asociaciones civiles protectoras de animales, que recurrieron a la justicia federal por los permisos que otorgó la administración municipal de la capital el pasado mes de noviembre.
En aquel entonces, la jueza incluso ordenó que la Guardia Nacional tomara los accesos de la plaza de toros de Chihuahua, al dictar la suspensión provisional dentro del juicio de amparo contra la anuencia que otorgó Pedro Oliva, subdirector de Gobernación Municipal del alcalde panista, Marco Bonilla.
Ahora, con la resolución del amparo, la justicia federal obliga a impedir la fiesta brava en la capital, dándole la estocada a los protaurinos, casualmente cuando en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, también ordenó limitar estos espectáculos, para hacerlos sin sangre ni violencia.
Por tratarse de la resolución de un amparo específico, la medida aplica exclusivamente en la capital del estado; aquí en la frontera no hay alteraciones a las normas ni recursos jurídicos que pudieran impedir las corridas de toros tal como se conocen hasta la fecha, así que, al menos por un tiempo, será la única plaza de la entidad con esta posibilidad para empresarios y aficionados.
Sin embargo, es clara la tendencia seguida y a la vez marcada por la juzgadora federal, que se suma a los precedentes que han sentado los defensores de los animales en los últimos años.
