Hay un momento, apenas un instante, en que una niña juarense deja de ser niña para convertirse en “la víctima”. Ocurre justo después de la agresión, cuando alguien —quizás su madre, temblando— decide que hay que denunciar. Nadie le explica que ese día comienza también otra cosa: su primer juicio, su primer encuentro con la justicia. No llega sabiendo lo que va a pasar. Llega con miedo, con la ropa que traía puesta, y aun así tiene que aprender, de golpe, a hablar frente a personas que no conoce, a sostenerles la mirada, a repetir lo que preferiría olvidar.

Y entonces empieza algo que ella no eligió: contarlo una vez, y otra, y otra. A los agentes policiacos, trabajadora social, médicos que la recibe. Después en Fiscalía, el Ministerio Público, medico, psicólogo, agente ministerial. Cada vez que lo cuenta, vuelve a vivirlo. Cada adulto nuevo es, sin querer, una herida que no cicatriza. Y así, sin que nadie lo busque, sin que nadie lo desee, la institución que debía cuidarla termina pareciéndose demasiado a lo que la lastimó primero.

Debería ser medular para quienes procuran e imparten justicia en Juárez entender esto: proteger a un niño no es solo llevar al agresor ante un juez, sino evitar que su primer encuentro con la justicia se vuelva una pesadilla.

La Suprema Corte le puso nombre a esto: “victimización secundaria”, el daño que no proviene del delito, sino de la respuesta institucional. Nace de reconocer que un niño no recuerda ni se expresa como un adulto, y que obligarlo a narrar su dolor una y otra vez es infligirle un segundo daño encima del primero.

Por eso existe un protocolo que ordena algo sencillo en el papel y difícil en la práctica: que un equipo multidisciplinario —ministerio público, policía, trabajadora social, psicóloga, agente ministerial— reciba el testimonio de la niña una sola vez, con una sola voz que le pregunte, mientras las demás observan sin exponerla a repetir. Es una idea hermosa que exige personal capacitado, espacios adecuados, y tiempo. Y ahí choca con la realidad: no hay suficientes psicólogas, ni trabajadoras sociales, ni salas. No es negligencia; es escasez, y duele igual que el olvido.

No escribo esto para señalar a nadie. Quienes trabajan en estas instituciones locales muchas veces hacen lo imposible con lo poco que tienen. Proteger a una víctima es también cuidar el camino que recorre hacia la justicia, y ese camino necesita presupuesto, capacitación y voluntad política.

El mismo documento recuerda que la infancia no organiza el tiempo en fechas ni en horas, sino en referencias de su propia vida; su memoria se ancla a lo concreto; y bajo el miedo, tiende a decir lo que cree que el adulto espera escuchar. Ignorar esto no solo revictimiza: también empobrece la justicia, porque un testimonio mal tomado pierde valor como prueba.

Y luego está el otro extremo: la sala de juicio. Ahí, quien juzga recibe ese relato y debe convertirlo en sentencia. Pocas personas imaginan lo que significa esa tarea. No es solo aplicar la ley; es leer entre líneas del miedo, sostener la mirada de una madre que espera una respuesta que ninguna sentencia puede devolverle del todo.

Juzgar exige algo que rara vez se menciona: la valentía de fallar en contra. Contra el acusado, sabiendo que una condena marcará una vida entera. O contra la víctima, cuando las pruebas no alcanzan. Ninguna decisión es fácil.

Por eso insisto en algo que parece pequeño y no lo es: las sentencias deben poder leerse, como acto de respeto hacia quien las vivió. Cualquier persona tiene derecho a entender por qué se resolvió lo que se resolvió, sin diccionario jurídico. La claridad también es no revictimizar.

Al final, es una historia de personas: la niña que cuenta su historia demasiadas veces, la trabajadora social sin horas suficientes, la jueza que no duerme antes de una sentencia difícil. Todas atrapadas en un sistema que a veces las lastima.

Cambiar esto no depende de una sola institución. Depende de exigir presupuesto real para los equipos multidisciplinarios, capacitación permanente y sentencias comprensibles. Depende de dejar de conformarnos con protocolos que nadie puede cumplir por falta de recursos. La justicia no solo debe castigar: debe también cuidar a quien tuvo el valor de acudir a ella por primera vez.

No olvidemos que los juarenses son el mañana. Lo que hoy omitimos por escasez o indiferencia, tarde o temprano nos pasará la factura: en la confianza que perdieron, en las heridas que no sanaron…