Ha pasado un año desde la designación de personas juzgadoras en los diversos cargos del poder judicial del estado de Chihuahua. El proceso se vendió como una nueva forma de darle poder al pueblo, eliminación de procesos corruptos y la estrategia rumbo a un nuevo modelo de justicia, transparente, con accesibilidad y bajo el respaldo de gobierno. Sin embargo, al andar por los pasillos de los tribunales ronda entre pequeños grupos una pregunta que casi nadie se atreve a decir en voz alta frente a personas juzgadoras: ¿qué pasaría si, en lugar de que un juicio durara meses en audiencias, la redacción de la resolución de un divorcio, una pensión alimenticia, una prescripción, se pudiera generar en cuestión de minutos?

La pregunta hoy en día no resulta tema de la ciencia ficción. Más bien, nos pone sobre la mesa una realidad que se ha ido acumulando a lo largo de los años: la sobrecarga de trabajo y la constante presión por abogadas y abogados pugnando porque sus casos avancen con mayor celeridad. Por eso la pregunta resulta necesaria. Y aunque la automatización avanza en los juzgados de manera más rápida de lo que el propio debate público reconoce, no se trata de reemplazar a nuestras juezas y jueces, sino de responder otra pregunta: ¿qué les podemos entregar a los algoritmos y dónde trazamos la línea?

Desde septiembre de 2025, diversos tribunales alrededor de la república realizaron un cambio en las personas juzgadoras que durante años sirvieron como protectoras del debido proceso. Quienes tomaron el control del Distrito Judicial Bravos (el más complejo del Estado por su gran densidad poblacional) encontraron un panorama muy distinto al que anunciaba la reforma.

Pese a las ideas frescas, varios juzgados siguen con el mismo problema: los expedientes se acumulan, las audiencias se reprograman y detrás de cada carpeta hay personas esperando saber qué va a pasar con su caso. Es aquí donde el argumento se vuelve incómodo: quienes heredaron ese rezago llegan sin la trayectoria de quienes los atendían, afrontando las mismas cargas con menos oficio acumulado. Es justo este el terreno donde las herramientas de IA que prometen resolver en minutos se vuelven irresistibles.

Desde agosto de 2025, tribunales colegiados de circuito avalaron en la tesis aislada 2031010, el uso de IA para la generación de resoluciones judiciales como una herramienta auxiliar en operaciones numéricas. Sin embargo, existe una fuerte postura en contra de utilizar a estas tecnologías en la valoración de pruebas y el criterio racional de toma de decisiones que impacten la vida de una persona.

Es ahí el punto del debate. Porque claro, una cosa es aplicar la tecnología para sumar, restar, clasificar y optimizar los procesos básicos, como programar audiencias, o dar ideas para la redacción de acuerdos, pero otra muy distinta es delegar a un sistema la tarea de retirarle a una madre la custodia de sus hijos, o definir si un padre que apenas ve a sus hijos los domingos tiene o no derecho a convivencias, o el de una familia que está a punto de perder su casa por tecnicismos procesales. En tribunales se dice que no hay dos casos iguales, y es ahí donde el algoritmo, que es entrenado con patrones y precedentes, encuentra sus límites, pues no sabe leer el silencio de un niño en la sala de juicio, ni el miedo de una mujer que brinda su declaración con la voz quebrada.

La diferencia no está en el error, sino en quién responde por él. Una jueza firma sus sentencias, las motiva y esa motivación puede ser combatida en un recurso: hay un criterio racional que revisar y alguien a quién exigírselo. Un modelo no motiva, correlaciona; y contra una correlación no se puede alegar. El problema entonces está en que quienes usan las herramientas deleguen una función primaria del ser humano, pensar.

Hoy se ve que la IA cada vez más se utiliza en tribunales, y poco a poco está ganando terreno. La sobrecarga se ha convertido en un pretexto ideal para incursionar en el mundo de la automatización por medio de la IA, sin embargo, el riesgo de un uso sin exigencias técnicas, criterios éticos y valorativos, deja a los modelos con una puerta abierta en decisiones que en la actualidad aún ninguna IA puede replicar del todo. Y aquí es conveniente precisar algo: nadie sostiene que las decisiones judiciales estén libres de errores. Un juez que se equivoca produce un error, pero ese error se puede combatir con un recurso. Un modelo mal empleado no produce un error, produce un criterio, replicado en cientos de asuntos que es corregido hasta que alguien lo repara. Esa es la asimetría que debería ponernos a reflexionar.

Hoy en día asumir que la IA ha superado a las personas juzgadoras resulta tan polémico como el afirmar que nunca podrán ser sustituidas. La línea, a opinión de quien suscribe, se puede trazar hoy: es delegable todo aquello que no exige criterio jurídico, como: cómputo de plazos, localización de constancias, proyectos de acuerdo de trámites, pero no así la valoración de pruebas, ponderación de derechos en conflicto o la individualización de una consecuencia jurídica. Ante este panorama se encuentra una zona gris que exige un debate honesto, sin barreras ni idealizaciones de sueños guajiros. Las juezas y jueces no necesitan una máquina que decida por ellos. Lo que necesitan es que se les devuelvan las horas robadas de un modelo que tiene un rezago histórico. Humanos y máquinas pueden trabajar para que esto se convierta en una realidad.