-Transan con “El Buki” y los “Prófugos del Anexo”

-Ansiosos por el Centro de Convenciones

-¿Afectará a Juárez salida de TMEC?

-Ejercicio de ingeniería financiera pura

En los últimos días, Don Boletón debió alertar por la proliferación de mensajes y publicaciones de redes de una boletera que huele a fraude y estafa desde Juárez hasta Puebla, con ofertas para el acceso a un falso concierto de Marco Antonio Solís, mejor conocido como “El Buki”, en el estadio Carta Blanca.

La empresa que despide un fuerte olor a transa usa nombres y accesos a la venta de boletos como “Boleton.com.mx”, “Funy Boleton” o “Boletonspain.lat”, en cuya plataforma ya fue borrada la promoción de “El Buki”, pero sigue en operación como anzuelo para otras partes del país.

Por ejemplo, promueve un concierto de la gira cancelada de los “Prófugos del Anexo”, Alfredo Olivas y Julión Álvarez, en el Auditorio GNP Seguros de Puebla, entre otros eventos ficticios con fechas también falsas y accesos con supuestas ofertas imperdibles.

Más allá de la necesaria advertencia de Don Boletón, afectada porque su nombre y prestigio son puestos en riesgo por los estafadores, el nuevo episodio de un intento de fraude en la frontera debe dejar lecciones tanto para los usuarios como para autoridades que supuestamente tienen amplias plataformas de patrullaje digital para prevenir y castigar actividades ilícitas.

El desafío es enorme porque la era actual es la de las mentiras perfectas. Todavía hace unos años el fraude digital era relativamente fácil de detectar: errores de ortografía, páginas improvisadas y mensajes mal redactados levantaban sospechas de inmediato.

Hoy ya no porque evidentemente los ciberdelincuentes han perfeccionado sus métodos; hoy construyen sitios web que parecen auténticos, elaboran campañas publicitarias casi profesionales y aprovechan la velocidad de las redes sociales para dar credibilidad a cualquier engaño.

Con la falsificación tan democratizada, los conciertos se han convertido en un terreno fértil para los fraudes porque apelan a las emociones, a la ilusión de ver a una gran figura en el escenario, lo que hace bajar la guardia a cualquiera.

Ahí es donde las autoridades deberían parar antenas, porque con sitios que hasta usan procesadoras de pago con tarjeta y transferencias, debería ser relativamente sencillo trazar el destino del dinero de los estafadores y ponerlos ante los tribunales.

O sea, no es solo alertar a los ciudadanos para que no caigan en estafas, sino actuar contra los defraudadores por golpear de esa manera el bolsillo de los incautos y sus familias.

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Con las miradas vigilantes de los empresarios y los avances en el fideicomiso que habrá de administrarlo, parece que ya está por salir la licitación de la primera fase del Centro de Convenciones de Juárez, una vez que acabe la revisión de los primeros borradores del proceso.

Pero eso lleva su tiempo. Hay que revisar detalles técnicos, necesidades, presupuestos, números, trámites y procedimientos jurídicos para que la obra sea blindada y no vaya quedar mal cimentada en todos sus aspectos.

Pese a eso, hay algunas especulaciones sobre supuestos retrasos en el proyecto, pero la realidad es que las fechas sobre el arranque han sido bastante manoseadas, algunas más por deseos específicos de quienes están ansiosos porque inicie la construcción.

Quien lleva la batuta en esta fase previa a emitir la primera licitación es el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, Jorge Chánez Peña, quien ha sido prudente y claro en no comprometer tiempos exactos precisamente porque las variables de tamaña empresa no son pocas.

Sin andarse por las ramas desde junio pasado avisó que esperaba arrancar con la convocatoria entre julio y agosto, aunque algunos desde marzo ya querían poner la primera piedra sin tener siquiera la proyección arquitectónica final.

Así que por ahora, lo único que seguro es que la primera fase será anunciada en su momento e incluirá el área de exposiciones, la de mayor dimensión del complejo, junto con el edificio principal, accesos, almacén, áreas de servicio y patios de maniobras; para luego dar paso al área de convenciones, en la siguiente etapa del proyecto.

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Muchos se cuestionan si la decisión de Donald Trump de no ratificar el TMEC con México, -por lo pronto-, afectará a sectores como el manufacturero exportador de Ciudad Juárez.

La realidad es que el esquema con que se rigen las empresas exportadoras que operan aquí y en el estado, es distinto y más antiguo que el mismo tratado comercial México-Canadá-Estados Unidos que opera desde 1994.

El Programa de Industrialización Fronteriza que nace en 1965 y luego va cambiando de nombre hasta convertirse en esquema IMMEX, permite la importación temporal de insumos para manufacturarlos y luego exportarlos, funciona con un decreto.

En tanto, el TMEC es un tratado comercial trilateral con reglas y operación distinta e independiente.

El impacto inmediato en Ciudad Juárez podría ser menor que en otras regiones manufactureras, porque gran parte de su aparato productivo está organizado alrededor del modelo IMMEX y de cadenas de suministro transfronterizas que existen desde antes del tratado comercial.

El verdadero riesgo no sería que las plantas dejaran de funcionar de un día para otro, sino que la incertidumbre frenara nuevas inversiones, ampliaciones de plantas o relocalizaciones (nearshoring).

Las empresas ya instaladas tienen fuertes incentivos para permanecer, porque han invertido durante décadas en infraestructura, proveedores y mano de obra especializada.

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El gobierno de Chihuahua busca asegurar cuatro mil 626 millones de pesos de su deuda pública contra la volatilidad financiera, a través de la Licitación Pública No. SH/LPDP/005/2026, en un proceso que destaca por un calendario de ejecución inusual y la forma en que deberá ser pagada.

Por un lado, las instituciones financieras deben entregar mañana, seis de julio, sus acreditaciones legales y tener suscrito el contrato marco correspondiente, para que el ocho de julio acudan al registro, apertura de ofertas, fallo verbal y amarre de la operación, en fases de apenas minutos.

Entre registro y fallo verbal solo habrá 20 minutos, y entre el fallo y la carta confirmación de la financiera, apenas cinco horas y media, en una velocidad que responde a exigencias estrictas de los mercados globales, donde las cotizaciones de tasas se modifican al segundo y demandan cierres inmediatos para sostener los costos ofrecidos.

El segundo aspecto central radica en que la Secretaría de Hacienda no contratará un swap tradicional, sino un mecanismo denominado cap spread que, a diferencia del primero, fija la tasa por completo e intercambia flujos de forma constante, funcionando como un seguro de cobertura intermedia.

Bajo este esquema, el Estado realizará un pago único por concepto de prima a la institución que resulte ganadora del concurso, manteniendo después sus obligaciones de pago ordinarias con los bancos acreedores originales.

La protección del cap spread se activará únicamente si la TIIE a 28 días se ubica dentro de un rango que va del 7.00% al 8.00%; si la tasa de referencia permanece por debajo del 7.00%, el Estado absorbe el costo normal del crédito sin intervención del derivado.

Si la TIIE supera el límite del 8.00%, la cobertura del banco se detiene en ese tope y el erario estatal vuelve a asumir el riesgo por el excedente.

Es parte, solo una parte, de la ingeniería financiera para generar ahorros que ha tenido qué hacer el estado ante el contexto de incertidumbre, agravado por bajas participaciones y la revisión anual del TMEC, que parece no tiene reversa.