La confirmación de al menos dos casos activos de sarampión en el centro de detención migratoria Camp East Montana, sumada a reportes de tuberculosis y Covid-19, ha encendido las alarmas entre autoridades locales, legisladores federales y familiares de personas detenidas, en medio de crecientes denuncias por hacinamiento, condiciones inhumanas y planes para expandir la red de centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la región fronteriza.
La información sobre los casos de sarampión no fue dada a conocer directamente por las autoridades federales, sino que se confirmó a través de la congresista por El Paso, Verónica Escobar, quien señaló que su oficina fue notificada de la presencia de al menos dos casos activos en Camp East Montana, considerado actualmente el centro de detención migratoria más grande de Estados Unidos, ubicado dentro de la base militar de Fort Bliss.
Ante la inquietud generada por estos reportes, autoridades de la Ciudad de El Paso precisaron su postura oficial, aclarando que no han recibido notificación formal de casos de sarampión en Camp East Montana, aunque sí han sido informadas de casos de tuberculosis, conforme lo marca la ley estatal.
Laura Cruz, portavoz de la Ciudad, fue enfática: “La Ciudad no ha recibido ninguna notificación de casos de sarampión en el Campamento East Montana. Las notificaciones que hemos recibido están relacionadas con la tuberculosis, y a eso se refiere el comunicado de Salud Pública”.
En un comunicado, el Departamento de Salud Pública de la Ciudad de El Paso explicó que ICE tiene la obligación legal de notificar enfermedades de declaración obligatoria, como la tuberculosis, y que el manejo médico de las personas detenidas es responsabilidad exclusiva de las autoridades federales y sus proveedores médicos contratados mientras permanecen bajo custodia.
El departamento señaló que, al recibir una notificación de tuberculosis, se ingresa la información al Sistema Nacional Electrónico de Vigilancia de Enfermedades (NEDSS) y se emiten recomendaciones médicas cuando es necesario. En caso de que una persona enferma sea liberada, la Ciudad coordina el seguimiento para garantizar la conclusión del tratamiento y evitar la propagación comunitaria.
“Al momento, las autoridades federales nos han confirmado la aparición de un caso de tuberculosis, pero no de sarampión. La ley establece que sólo tienen que notificar a las autoridades de Salud local; nosotros no nos hacemos cargo del tratamiento, ellos tienen su propio cuerpo médico”, señaló Cruz.
Funcionarios municipales detallaron que, una vez que se recibe un reporte de tuberculosis, el Departamento de Salud Pública revisa la información, la ingresa al Sistema Nacional Electrónico de Vigilancia de Enfermedades (NEDSS) y emite recomendaciones médicas. En caso de que una persona sea liberada, la Ciudad coordina el seguimiento médico para garantizar que se complete el tratamiento, reducir el riesgo de transmisión y proteger la salud pública.
La Ciudad informó que el ICE y sus proveedores médicos contratados son responsables del diagnóstico, tratamiento y manejo de la tuberculosis mientras las personas se encuentran bajo custodia federal.
Familiares de personas detenidas y organizaciones civiles han manifestado su inquietud ante el riesgo de un contagio masivo, señalando que muchos migrantes permanecen hacinados en carpas, con acceso limitado a atención médica y bajo condiciones que dificultan el aislamiento de personas enfermas.
“A las quejas por malos tratos y las muertes sospechosas de internos, ahora se suma un brote de una enfermedad altamente contagiosa que se consideraba erradicada”, señalaron activistas, quienes también alertaron que casos de sarampión han sido reportados en otros centros de detención en Texas, incluido el de Dilley, en el área de Houston.
Escobar advirtió que alrededor de un tercio de la población detenida padece enfermedades crónicas, y que entre 200 y 300 personas requieren insulina diariamente, lo que agrava los riesgos sanitarios en un centro que ha crecido aceleradamente.
Tras una visita reciente a Camp East Montana, la congresista Verónica Escobar envió una carta a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en la que expresó su oposición firme a la construcción de más instalaciones de detención en el Condado de El Paso.
“Estoy escribiendo para oponerme firmemente a la construcción de más instalaciones de detención de inmigrantes dentro del Condado de El Paso, Texas”, señala la carta.
Escobar reveló que el DHS ha identificado otra ubicación dentro de su distrito como posible sitio para un nuevo centro, pese a que la región ya alberga Camp East Montana, el cual –según denunció– “fue construido apresuradamente” y opera “en condiciones inhumanas con poca supervisión y sin rendición de cuentas”.
La congresista recordó que tres personas han muerto en ese centro desde su apertura en agosto de 2025, incluida una muerte clasificada como homicidio por el Médico Forense del Condado de El Paso.
“Los habitantes de El Paso no quieren más instalaciones de detención en nuestra comunidad”, subrayó, al destacar que más de 200 residentes expresaron su rechazo durante una sesión de la Corte de Comisionados del Condado.
“Apoyo firmemente los deseos de mis electores, vecinos y comunidad, y hago un llamado al DHS para que suspenda cualquier plan de construir más instalaciones de detención”, concluyó Escobar.
Hasta el momento, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional no han emitido una respuesta oficial sobre los casos de sarampión, tuberculosis o Covid-19 en Camp East Montana, ni sobre los señalamientos de la congresista respecto a la expansión de centros de detención en la región Paso del Norte.
Mientras tanto, la combinación de brotes de enfermedades infecciosas, condiciones de hacinamiento y planes de expansión mantiene en vilo a una comunidad fronteriza que exige mayor transparencia, rendición de cuentas y garantías mínimas de salud y dignidad para las personas bajo custodia federal.
La detección de sarampión en Camp East Montana no es un hecho aislado. Autoridades federales y estatales confirmaron dos casos activos de sarampión en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, ubicado en Dilley, unas 70 milas (112 kilómetros) al Sur de San Antonio, el único centro de detención para familias inmigrantes en Estados Unidos.
Ante los contagios, el Departamento de Seguridad Nacional suspendió traslados y colocó en cuarentena a varios migrantes, mientras personal médico monitorea la situación. En ese centro permanecen detenidas más de mil 400 personas, incluidos bebés de apenas dos meses de edad, en un contexto de hacinamiento y estancias prolongadas que, de acuerdo con abogados y defensores, superan los límites establecidos por acuerdos federales.
Especialistas en salud pública han advertido que el sarampión –una de las enfermedades más contagiosas que existen– puede propagarse rápidamente en centros de detención con poblaciones vulnerables y esquemas de vacunación desconocidos, lo que pone en riesgo tanto a las personas detenidas como al personal y a las comunidades circundantes.
La aparición de casos tanto en El Paso como en Dilley refuerza la preocupación de que los centros de detención migratoria en Texas se han convertido en focos de brotes infecciosos, en medio de crecientes cuestionamientos sobre las condiciones sanitarias, la atención médica y la transparencia de las autoridades federales.
