Los cargos contra dos ex síndicos del Distrito Escolar Independiente de Socorro (SISD), y la esposa de uno de los miembros de la Junta Escolar, han sido desestimados después de que los fiscales acordaran que las acusaciones no establecían un delito bajo la ley estatal.

Los entonces síndicos Pablo Barrera y Ricardo Castellano fueron acusados en mayo de 2024, junto con la esposa de Castellano, Gabriela, maestra en el distrito. Las acusaciones alegaban que dañaron o amenazaron con dañar a empleados escolares con quienes tenían desacuerdos.

Mary Stillinger, la abogada de los dos síndicos, dijo que el proceso judicial olía a una vendetta política.

“En este caso, incluso si tomas todo lo que todos dijeron como verdad, todas las cosas malas, incluso si las tomas todas como verdaderas, lo cual no estoy diciendo que todas sean verdad, creo que fueron difamados en gran medida por razones políticas... todavía no era criminal. No llegó al nivel de un caso penal”, dijo.

Los cargos vinieron después de que El Paso Matters publicara detalles de una grabación de 2021 de los tres acusados discutiendo cómo castigar al director de Gabriela Castellano. Ella había subido la extensa grabación a un servidor del Distrito, y El Paso Matters obtuvo la grabación bajo la Ley de Registros Abiertos de Texas después de una larga batalla con el Distrito.

Gabriela Castellano dijo que no discutiría la desestimación de los cargos con El Paso Matters. “Ustedes son una operación política sesgada que destruyó las vidas y medios de subsistencia de las personas, incluidas las nuestras”, dijo.

En una serie de mociones durante las últimas dos semanas, los abogados defensores solicitaron que se retiraran los cargos porque las acusaciones “no establecen un delito” bajo la ley de Texas. La Oficina del Fiscal de Distrito no se opuso a las mociones, y la jueza del Tribunal del Distrito 171, Bonnie Rangel, desestimó los cargos en una serie de audiencias.

“Porque la acusación no especifica ninguna conducta que constituiría ‘daño’ o ‘amenaza de dañar’ y en su lugar especifica una conducta que no es criminal, la acusación debería ser anulada”, dijo el abogado de Gabriela Castellano, Félix Valenzuela, en una moción del 26 de enero.

Las acusaciones señalaban a los tres acusados por “ejercer influencia indebida” sobre empleados del distrito escolar, pero eso no es una alegación de daño real a otra persona como lo requieren los estatutos bajo los cuales fueron acusados, escribieron los abogados defensores Valenzuela y Mary Stillinger en las mociones.

Declaración del fiscal de Distrito

En una declaración a El Paso Matters, el fiscal de Distrito James Montoya dijo que las acusaciones fueron presentadas durante el mandato del ex fiscal de Distrito Bill Hicks, a quien Montoya derrotó en las elecciones de noviembre de 2024.

“Sin embargo, después de un análisis exhaustivo de los estatutos relevantes y el precedente del tribunal de apelaciones, quedó claro que había múltiples deficiencias constitucionales y estatutarias con las acusaciones tal como fueron redactadas. Además, estos eran defectos que no podían ser corregidos ya que la evidencia no establece claramente que el comportamiento de los acusados alcanzara el nivel de mala conducta criminal. Como resultado, no pudimos oponernos a las mociones de los acusados para anular de buena fe”, dijo Montoya.

“Nuestra oficina permanece comprometida con mantener los más altos estándares de justicia e integridad y persigue casos sólo cuando la evidencia apoya una probabilidad razonable de probar las alegaciones más allá de una duda razonable en un juicio penal”, dijo.

Respuesta del ex fiscal

Hicks dijo que el caso fue manejado por una fiscal experimentada, Erin Delaney Matney, quien era la jefa de la Unidad de Delitos de Cuello Blanco.

“Esto me sorprende y decepciona. Aunque diré que la comprensión de un fiscal de la evidencia y la ley siempre está desarrollándose a medida que pasa el tiempo, pero a partir de mi última sesión informativa sobre este asunto, ahora hace más de un año, esos casos eran fuertes y bien fundados”, dijo en una declaración a El Paso Matters.

“Creo que la Policía de Socorro ISD y los Texas Rangers habían hecho un buen trabajo con sus investigaciones y la evidencia era más que suficiente para sostener condenas”, dijo Hicks. “Sin embargo, como mencioné, la comprensión de un fiscal de los hechos y la evidencia puede cambiar con el tiempo. No he hablado con la jefa de esa unidad y no sé si su opinión sobre la viabilidad de juicio de los casos ha cambiado. Estoy seguro de que el fiscal de Distrito Montoya cree que está haciendo justicia en sus acciones”.

Desestimación de cargos

Las acusaciones contra Ricardo Castellano alegando obstrucción o represalia fueron desestimadas el 24 de enero.

Las acusaciones contra Barrera –acusándolo de obstrucción o represalia, opresión oficial, represalia y coerción de un servidor público –fueron desestimadas el 26 de enero.

El miércoles 4 de febrero, Rangel desestimó los cargos de obstrucción o represalia contra Gabriela Castellano.

Barrera y Ricardo Castellano dejaron de asistir a las reuniones de la Junta después de ser acusados, y no se postularon para reelección el año pasado.

Gabriela Castellano ya no trabaja en Socorro ISD, y los registros estatales muestran que su certificación de educadora está bajo revisión por la División de Investigaciones de Educadores de la Agencia de Educación de Texas (TEA).