Socorro— La comunidad de Socorro vive días de inquietud e incertidumbre luego de confirmarse que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adquirió una extensa propiedad dentro de los límites de la ciudad, con el propósito de desarrollar un nuevo centro federal de detención de inmigrantes, presuntamente operado por ICE.
De acuerdo con documentos públicos, el DHS compró una manzana industrial completa ubicada en la subdivisión Eastwind Industrial, sobre Eastwind Avenue, por un monto superior a los $122 millones. La transacción se realizó con la empresa El Paso Logistics II LLC, con sede en Delaware, y quedó registrada oficialmente en febrero de 2026.
El anuncio ha generado malestar y preocupación entre residentes, quienes temen impactos en la seguridad, infraestructura, servicios de emergencia y calidad de vida en esta comunidad del Valle Bajo.
Ante el creciente descontento social, la Ciudad de Socorro convocó a una reunión especial del Consejo Municipal para explicar el alcance real del proyecto y fijar una postura institucional.
En un comunicado emitido el viernes 6 de febrero, las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Rudy Cruz, dejaron claro que la ciudad no participó en la venta del terreno, no aprobó la compra y no tiene facultades legales para impedir que el gobierno federal adquiera propiedad privada dentro de sus límites.
“La Ciudad de Socorro ha sido informada de que los medios locales reportan información sobre la posible instalación federal. En este momento, se trata de información preliminar, y la ciudad no ha recibido notificación formal ni detalles verificados a través de canales oficiales”, señaló previamente el alcalde Cruz.
Salud y seguridad pública
No obstante, en un comunicado posterior, la ciudad reconoció la inquietud ciudadana y subrayó que, aunque la ley federal limita la autoridad local, Socorro aún conserva herramientas para proteger la salud y la seguridad pública.
“La Ciudad de Socorro comprende la profunda preocupación que muchos residentes han expresado con respecto a la propuesta de centro de detención de inmigrantes dentro de nuestra comunidad. La transparencia, la seguridad pública y la comunicación clara son prioridades para el liderazgo de la ciudad”, indicó el gobierno municipal.
Las autoridades explicaron que las ciudades no pueden prohibir compras de terrenos por parte del gobierno federal ni imponer impuestos a instalaciones federales. Sin embargo, Socorro sí puede exigir el cumplimiento de normas de seguridad, coordinar la protección contra incendios, planificar infraestructura y garantizar la preparación para emergencias.
Cobros a contratistas
Como parte de estas acciones, el Consejo Municipal analizará una ordenanza para establecer tarifas de recuperación de costos a contratistas privados que operen centros de detención dentro de la ciudad, con el fin de cubrir gastos de policía, bomberos, servicios médicos de emergencia, inspecciones y supervisión administrativa. Esta medida no aplicaría al gobierno federal.
La reunión especial del Consejo Municipal se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de febrero a las 6:00 p.m. en el edificio del Salón del Ayuntamiento de Socorro, ubicado en 860 N. Rio Vista Rd.
La ciudad hizo un llamado directo a los residentes para que participan y expresen sus preocupaciones durante el período de comentarios públicos y que se mantengan informados a través de los canales oficiales.
Trabajo coordinado
Durante la reunión se informó que la Ciudad está trabajando en estrecha colaboración con el Condado de El Paso, el Distrito de Agua de Lower Valley y el Distrito de Servicios de Emergencia No. 2 del Condado de El Paso.
Además se está coordinando con funcionarios estatales y federales para exigir transparencia y rendición de cuentas.
“También estamos trabajando en colaboración con nuestras delegaciones locales, estatales y federales para abogar por el mejor resultado posible para Socorro”, se informó.
“La Ciudad de Socorro mantiene su compromiso de oponerse a cualquier proyecto que ponga en riesgo a los residentes o a las personas detenidas, utilizando todas las herramientas legales disponibles, defendiendo firmemente a nuestra comunidad y manteniendo a los residentes informados”, señaló el gobierno municipal.
Contexto regional
Este anuncio ocurre en un contexto más amplio en el que autoridades municipales y del condado de El Paso han explorado alternativas legales y administrativas para frenar o limitar la expansión de nuevas operaciones de detención migratoria en la región fronteriza.
La Ciudad animó a los residentes a asistir a la reunión, participar en el período de comentarios públicos y seguir las comunicaciones oficiales de la Ciudad para obtener actualizaciones continuas.
