Ahora que impensablemente falleció de muerte natural (infarto a los 73 años) en un hospital de la localidad “El Greñas”, Gilberto Ontiveros Lucero y concluyó abril con 69 asesinatos en las calles, entre las víctimas un modesto vendedor callejero de mariscos acribillado el mero último día del mes en su puesto ubicado a unos pasos de la Coordinación de Vialidad, en Teófilo Borunda y Óscar Flores, vale la pena recapitular sobre la violencia prendida a esta ciudad como garrapata a indefenso perro.

Ha sido la inseguridad, un suplicio de por vida para esta dolorida frontera. Los 69 asesinatos ocurridos en abril fueron señalados en grandes caracteres porque si bien son muchísimas muertes, la cantidad es considerablemente menor a la estadística de los últimos años y estaría representando, queremos pensarlo de manera positiva, una esperanza hacia la obtención paulatina de la anhelada paz. Es este el fondo del análisis hoy.

No deben la presidenta del país, la gobernadora del estado y el presidente municipal estar contentos (as) con esa cifra; seguramente preferirían que fuera más baja, baja hasta ceros, pero pueden sentir satisfacción justo porque han desarrollado trabajos conjuntos que los han conducido a números que no se habían visto en años. Reducirlos es el reto permanente.

Prácticamente, es imposible documentar en este espacio dominical, por breve, las suficientes referencias contextuales históricas que robustezcan la hipótesis de recuperación de la tranquilidad, menos si traeremos a colación datos de “El Greñas”, su extraordinario desparpajo para delinquir en la terrible década de los 80s’ y participar en la construcción de los cimientos del Cártel de Juárez con los Carrillo Fuentes como sus grandes arquitectos y dueños sin competencia para la marca y operación hasta hoy día, desde finales de los ochentas, su esplendor de los noventas y a la fecha.

Se fue de esta vida “El 727”, Amado Carrillo, patriarca de la familia; acaba de extraditar el gobierno mexicano a su hermano y mano derecha, el implacable “Viceroy”, Vicente, pero quedan varios hermanos, hermanas e hijos dirigiendo el negocio, no en campo, para eso tienen a un discreto como eficiente operador que a su vez cuenta con decenas de férreos liderazgos criminales en Juárez y en gran parte del estado. Fue éste el relevo del estruendoso, inclemente, “JL”, Juan Pablo Ledezma, quien logró sostener la plaza contra el Cártel de Sinaloa entre 2007-2011.

Durante los cinco años de Javier Corral al frente del gobierno estatal, fueron cometidos seis mil 187 homicidios en la ciudad, mil más que durante los seis años de su odiado enemigo, el priista, César Duarte Jáquez, que logró aminorar considerablemente del 2012 al 2016 la histórica violencia que le antecedió, con José Reyes Baeza al frente de la gubernatura.

El régimen que encabeza la sucesora de Corral, la panista Maru Campos Galván, carga en su cuenta un promedio de mil asesinatos por año: mil 068 en 2022, mil 163 en 2023 y mil 099 en el 2024. Van 321 en los cuatro meses del 2025. En el estado acumuló el gobierno de Corral 11 mil 816 muertes.

De César Duarte hacia acá la radiografía delictiva no ha cambiado sustancialmente. Es la misma con la que han lidiado los alcaldes de su época y los actuales: “Teto” Murguía, José Reyes Ferriz, Enrique Serrano, el poco tiempo de Javier González Mocken, Armando Cabada y Cruz Pérez Cuéllar.

En la cabeza delictiva está el NCDJ con distintos grandes brazos y/o aliados como La Línea, La Empresa y algunos resabios importantes de los Mexicles que hasta finales del 2023 habían logrado colocarse a la par de La Línea, pero tuvieron su “error de diciembre” con la fuga brutal del Cereso 3.

Con frecuencia se habla de los Aztecas como un grupo exterminado, pero luego comprobamos que siguen vigentes con hechos como el ocurrido el pasado sábado 26 de abril en Gómez Morín y Camperos, donde fue acribillado y muerto Martín Alonso Bustos Rodríguez, alias “El Tin”, catalogado por las corporaciones policiacas como líder de los Aztecas “de la vieja escuela”, aquellos catalogados como padres de “La Empresa” y sicarios al servicio del Cártel de Juárez, con Amado Carrillo, antes de ser integrada La Línea con policías en activo y expolicías municipales, estatales y federales.

La radiografía es completada por otra parte de los Mexicles todavía asesinando, extorsionando, secuestrando y traficando personas y droga, y finalmente la gran pandilla operadora del Cártel de Sinaloa, Artistas Asesinos, vendedores de cristal y fentanilo, y principales objetivos del Cártel de Juárez en su “guerra” contra dichas drogas para mantener sano y pujante el negocio de la cocaína, la mariguana y otros aspectos.

La menor sospecha de tráfico de drogas sintéticas en la región es castigada con la muerte, como se ha especulado con insistencia que ocurrió en el caso del antiguo operador del NCDJ en Villa Ahumada, Jesús “El Chuyín” Salas Aguayo, cuya fuerza era equiparable al JL. Ambos encabezaron la defensa de la plaza en 2007-2011.

Todos esos grupos y sus facciones son los responsables actuales de subir o disminuir el dolor de cabeza de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, de Presidencia de la República, de Palacio de Gobierno estatal, de la Presidencia Municipal. Nos referimos justo a las tristemente célebres estadísticas de homicidios, muy de la mano a los números delictivos de “menor impacto”, asaltos, extorsiones, secuestros, robos de vehículos...

Todos los días la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum; y dos veces a la semana las autoridades estatales y municipales sostienen sus respectivas “mesas de seguridad”, donde el tema principal es el de homicidios; últimamente también los secuestros.

Las autoridades políticas sufren en serio porque el tema de seguridad les afecta en su imagen electoral. Deben tomar en cuenta, y en serio, que las autoridades ministeriales y policiacas prefieren el silencio porque entre sus mandos medios persisten las “campanas” y complicidades que permiten el trabajo de los sicarios en las calles. Es imposible la recurrencia de atentados a diario sin la connivencia de los órdenes operativos y de investigación en materia de seguridad.

Considerado en los 80s Jesús Meléndez Flores “Don Chuy”, un terrateniente, empresario y poderoso cómplice de “El Greñas”, fue levantado, torturado y asesinado con 27 disparos, uno de ellos el llamado tiro de gracia.

La muerte provocó una de las tradicionales guerras de facciones que involucraron particularmente a jefes policiacos de los mismos órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal. Era gobernador, Fernando Baeza Meléndez, y jefe de todas las policías y del naciente cártel, Rafael Aguilar Guajardo, comandante de la entonces Dirección Federal de Seguridad.

En los 90s hubo múltiples situaciones similares que afectaron a los entonces gobernadores, Francisco Barrio y Patricio Martínez... A los alcaldes, Gustavo Elizondo, Jesús Alfredo Delgado, Ramón Galindo.

A finales de 1994 fue abandonado en la cajuela de un vehículo el cuerpo del exjefe de la Policía Judicial, José Refugio “Cuco” Ruvalcaba y dos de sus hijos. Fueron dejados en la joroba de uno de los puentes internacionales. “Cuco”. Otros homicidios de alto impacto y otra guerra.

Un político analista y conocedor del crimen organizado considera que, ante la imposibilidad de aniquilarlo, debe ser metafóricamente “administrado” por los gobernantes. La historia le concede la razón, sin justificarlo.

Las bujías que deben ser ajustadas, entonces, siguen en los cuerpos operativos de seguridad. Los mandos policiacos están obligados a inhibir con su trabajo la recurrencia de los asesinatos.

Si 69 son muchas muertes para un mes, obviamente han sido inaceptables 100 y hasta 140 cuando infantería y mandos policiacos corren en sentido contrario a los lugares donde acontece la violencia.

Sin duda las estadísticas seguirán a la baja si la presidenta, gobernadora y alcalde, aprietan tuercas, o de plano cambian tuercas, entre sus jefaturas de policía tanto preventiva como de investigación.