En nuestro país, según un artículo publicado en 2021 en la revista “Justicia”, misma que forma parte de la red de revistas científicas Scielo, había veintinueve entidades federativas que tenían mecanismos legales para respaldar la participación ciudadana; de esos veintinueve estados, ¡solamente cuatro! contemplaban al presupuesto participativo como herramienta de participación.

Entre esos cuatro estados, cuyas leyes de participación ciudadana sí incluían al presupuesto participativo, ya se encontraba el estado de Chihuahua, que publicó su Ley de Participación Ciudadana en junio de 2018 (nota aparte y muy satisfactoria: el estado de Chihuahua siempre ha sido punta de lanza en temas de formación cívica).

Pero las primeras inquietudes para crear esta ley, se remontan (hoy) a más de una década de exigencia social, de crear el instrumento jurídico que garantizara la participación ciudadana y que estableciera los mecanismos ordenados y efectivos para esa participación (aún no se implementaban las improvisadas y desordenadas consultas a mano alzada, que hizo populares un expresidente mexicano).

Como sucede casi siempre en las iniciativas de la sociedad, son luchas que se toman años, décadas; trienios y sexenios para verse materializadas. Así, tras un largo viacrucis siempre impulsado por ciudadanos, en el año 2018 la sociedad chihuahuense logra esta hazaña.

Evidentemente, esta ley de participación ciudadana y los instrumentos de participación social que en ella se incluyen, no fue una dádiva de los protagonistas políticos de entonces, ni una concesión generosa solo por simpatía o benevolencia hacia los chihuahuenses; fue una meta que se inició en los rincones de las colonias y los barrios, se gestionó entre vecinos interesados en los asuntos públicos, fue impulsada por ellos mismos; luego fue avalada por las organizaciones de la sociedad civil y se logró gracias a la persistencia y compromiso de quienes nunca dejaron de insistir en la necesidad de la misma.

Hoy por hoy, esta ley reconoce los instrumentos de participación social en su artículo 61, y en el numeral VI enuncia al Presupuesto participativo.

Más adelante, en el artículo 75, señala que, el Presupuesto Participativo “es un mecanismo de gestión y participación social mediante el cual, quienes habitan en cada municipio, deciden sobre el destino de un porcentaje del presupuesto de egresos municipal de cada año, a través de consultas directas a la población”.

La primera vez que se realizó un ejercicio de votación del presupuesto participativo, debió ser en el año 2019 (acepto correcciones respecto al dato); entonces, con consultas un tanto improvisadas, sin reglas claras, sin difusión masiva, más discreto que una votación de jefe de grupo de escuela primaria… pero bueno, por algo se empieza.

Poco a poco, y nuevamente, con intervención de ciudadanos interesados en los asuntos públicos, se han venido especificando reglas de participación, pero aún podemos mejorar y mucho.

Este año 2025, será la séptima ocasión que los juarenses acudamos a las urnas a elegir las obras y proyectos que deseamos se lleven a cabo con ese 5% del presupuesto municipal de libre disposición; esto último hace referencia a que no sea presupuesto ya asignado a obras específicas, como lo que se destina a zonas de atención prioritaria, o los recursos que van exclusivamente para escuelas, o para vialidades, etcétera. Es decir, tiene que ser el 5% del presupuesto municipal que no tenga un uso comprometido desde el gobierno federal o estatal.

Pero cuando surgió el instrumento del presupuesto participativo, el propósito era hacer llegar a las mesas de decisión, propuestas de obra pública y proyectos de infraestructura urbana que fueran planteados por ciudadanos, de tal forma que no tuvieran que esperar a la voluntad de los gobernantes en turno. La propia ley señala que estos recursos deben satisfacer necesidades colectivas, tales como: obras y servicios públicos, seguridad pública, actividades recreativas, deportivas y culturales, infraestructura rural y urbana, recuperación de espacios públicos, medio ambiente y, seguridad sanitaria y servicios de salud.

En fechas recientes, ha habido múltiples señalamientos de vecinos que se inconforman con la falta de pulcritud en la elaboración de los lineamientos actuales del presupuesto participativo. Su inconformidad radica en que el municipio da cabida, cada vez más, a obras y proyectos cuya implementación corresponde a otras instancias, pero que además, en algunos casos, generan una competencia dispareja.

Un ejemplo de lo anterior son las escuelas, que deberían gestionar sus necesidades ante las autoridades educativas, y por otro lado, tienen votantes cautivos en su población estudiantil, lo que hace que un proyecto auténticamente vecinal, se quede sin posibilidad de competir contra ellos.

Otro señalamiento es en relación a proyectos que, de resultar ganadores, financiarían negocios privados, lo cual sería inadmisible. Como ejemplo, para este 2025, se incluyó un proyecto que pretende dotar de equipamiento de seguridad a vehículos privados que brindan servicio de traslados a través de las plataformas.

El presupuesto participativo es una herramienta que ha dado sus primeros resultados tangibles, apenas de unos años a la fecha; la muestra del entusiasmo que ha despertado en los habitantes del municipio, es que año con año, se incrementa considerablemente el número de proyectos participantes y el número de votantes. El monto del recurso destinado a esto, también se ha incrementado (porque se incrementa el presupuesto anual del municipio).

Pero los juarenses no desean que este ejercicio, que nació cien por ciento de una iniciativa ciudadana, se politice. No desean que se convierta en una estrategia más de manipulación y clientelismo de los actores políticos, pues consideran que no tienen nada que andar haciendo diputados, regidores y funcionarios, de intermediarios en estos ejercicios democráticos.

Por eso lo invito, con entusiasmo y convicción de lo positiva que es la participación ciudadana: infórmese, dedique tiempo, vaya a los centros de votación los días 17 y 18 de mayo, y ejerza ese derecho de elegir, sin influencias, sin coacciones; solamente con la alegría de saber que con su elección, podrá mejorar el entorno urbano de la colonia donde vive. No dejemos que este mecanismo de participación sea manipulado por actores políticos que se granjean simpatías, a costa del dinero que de por sí es de los ciudadanos.