-Una impone prisión a secuestradores... otro los libera

-Apuesta tardía de Morena por la CEDH

-Votos clave del Presupuesto Participativo

-Da Mayra sacudida política al Bienestar

Uno de los operativos más limpios de seguimiento, detención por parte de policías estatales y consignación de la Fiscalía norte, fue echado a la basura por el juez Luis Javier Ortiz Beltrán, quien ordenó la libertad de cuatro hombres mayores de edad acusados de secuestro.

Nada de novedoso tendría la dudosa resolución del juzgador de declarar ilegal la detención de los presuntos plagiarios, de no ser porque otra jueza, Isela Ontiveros, de Justicia para Adolescentes, decretó como legal la captura de dos menores de edad, también acusados del mismo delito, en el mismo caso específico.

Los hechos son los ocurridos el 29 de abril pasado en la colonia Hacienda de Las Torres Universidad. La acusación sustentada por la Fiscalía del Estado indica que los agresores, Cruz O.L., Kevin S.M., Roberto F.H. y Néstor C.C., adultos; y los adolescentes José S.M. y Félix I.F., privaron de su libertad a una víctima, tras llegar a un punto de dicho sector a bordo de una pickup Ford de color blanco y Toyota Camry gris.

El agredido fue encañonado y subido por la fuerza al automóvil; fue llevado a un domicilio de la colonia Carlos Castillo Peraza, al tiempo que era montado un operativo de seguridad luego de que un testigo reportara el incidente.

El testigo presencial fue clave en la captura de los acusados. Siguió a los agresores a bordo de otro automóvil y dio las pistas necesarias para que, horas después, fuera ubicada la casa donde estaba la víctima y rescatada ilesa.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición de un juez de control el pasado dos de mayo, pero los menores de edad ante un tribunal especializado en adolescentes. Y aquí es donde ocurre la gran incongruencia de la justicia penal estatal.

Dos de los adultos declararon en audiencia que no eran tales las circunstancias de la detención reportadas por el Ministerio Público acusador, con base en los informes de captura en flagrancia de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Uno dijo que había sido detenido en su casa sin razón y otro que había sido capturado por la Guardia Nacional, también sin delito alguno, supuestamente.

Hicieron uso de su derecho a declarar, pero se negaron a responder preguntas del MP, como también era su derecho. Eso bastó para que el juez Ortiz Beltrán considerara ilegal la detención.

Al mismo tiempo, la jueza Ontiveros, al valorar la misma evidencia inicial presentada por la Fiscalía y las circunstancias del caso, declaró la legal detención de los menores de edad, enviándolos al centro de detención para adolescentes por cinco meses de manera preventiva.

Ahora, los menores enfrentarán la vinculación o no a proceso el día siete de mayo; los adultos, dejados en libertad, fueron llamados a audiencia hasta el primero de julio. Seguramente van a presentarse muy puntuales

¿Cómo explicar dos resoluciones judiciales diametralmente opuestas de un mismo caso? ¿Cómo no sospechar de los jueces cuando, por un mismo delito, en las mismas circunstancias, uno dicta la prisión preventiva y otro ordena la libertad?

Ortiz debe andar en los días de Hidalgo.

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Ciudad Juárez ha sufrido todo tipo de crisis a lo largo de su historia, desde enfrentamientos entre tribus apaches contra hacendados en sus inicios, hasta inseguridad y caídas financieras globales juntas, como en 2008-2011.

Nada de eso ha doblado a la ciudad. Igual sucederá con la decisión unilateral de eliminar los cruces de tráileres por el puente de las Américas; no es como para tirarse al piso a hacer berrinche, mejor ponerse a trabajar a lo que viene.

No obstante, habrá algunos damnificados en el camino. Por ejemplo, las construcciones y el gasto millonario que se hacía en los patios de la aduana, donde las costosas sombras ya casi terminadas se pueden ver por fuera del bulevar Cuatro Siglos.

Pese a que la eliminación del cruce se venía masticando desde hace cuatro años, del lado mexicano no se leyeron bien las señales y toda esa infraestructura para las exportaciones, -que se ve, es muy costosa-, quedará como elefante blanco.

Igual sucederá, con las decenas de cuartitos y cuartuchos utilizados por las poderosas empresas transportistas, que ni por asomo de generosidad, barrían su frente o al menos echaban cal a los animales muertos por ahí detrás del Bachilleres 19.

Muy pronto, todo aquello será parte del pasado del lado mexicano. Del otro lado, preparan el escenario para un cambio de jugada que les brinde practicidad y belleza, y además negocio.

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Las 12 abstenciones de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, para evitar la semana pasada la elección de la exdiputada panista. Georgina Bujanda, como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fue un freno algo incongruente para designar a la primera ombudswoman de la entidad.

Los diputados coordinados por el juarense Cuauhtémoc Estrada se negaron a respaldar a la propuesta que pudo consensuar el panista, Alfredo Chávez, con el resto de las bancadas, a pesar de que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos el morenismo decidió que continuara, pese a las críticas generalizadas, Rosario Piedra.

Sigue ahora, en las próximas dos semanas, un intenso trabajo de cabildeo para la formación de otra terna y, de no lograrse el consenso, habrá de quedar la CEDH con su titular actual interino, Alejandro Carrasco Talavera, uno de los planes alternativos que tenían algunos de los legisladores.

Lo que critican los diputados -además de cierta incongruencia morenista al negarse a ver quién tiene la sartén por el mango a nivel estatal, como ellos lo tienen a nivel federal- es que Estrada quiso descalificar el procedimiento aceptado por todos, cuando de plano no pudo armar una terna a su gusto.

Recurrió al argumento facilón de que estaba viciado de origen el procedimiento, no obstante, decidió agotarlo en esos términos; además, deslizó una propuesta de reforma para cambiar el mecanismo de elección del presidente de la CEDH, así como de todo su consejo y cuerpo de visitadores, lo que no es descabellado analizar, pero también llegó muy a destiempo.

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La administración del alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, entra hoy en la recta final del programa Presupuesto Participativo, cuyos proyectos, casi un millar, habrán de ser votados los días 17 y 18 de mayo.

En la parte netamente administrativa, la relevancia del programa la muestran sus números; tiene una bolsa asegurada de casi 500 millones de pesos, con 345 millones previstos de entrada y otros 150 millones destinados especialmente para planteles escolares. Todo del gasto municipal.

El año pasado, fueron 330 millones de pesos los destinados a este renglón, todavía novedoso porque permite e incentiva la participación comunitaria en la definición de las obras públicas municipales, con un monto creciente de recursos año con año.

Ahora bien, en la parte política, en 2023 apenas votaron unos 45 mil juarenses, pese a que desde entonces fue significativamente alta la inversión en este ramo del presupuesto municipal, el mayor de todas las ciudades de Chihuahua.

Luego, en 2024 la participación rebasó los 95 mil ciudadanos que acudieron a votar por alguno de los proyectos puestos en competencia, crecimiento sorprendente, sobre todo con relación a otros municipios que no le han dado en el clavo ni han tomado esta causa como prioridad.

La expectativa de votación para este año, con dos días para ejercer ese derecho, un mayor monto de gasto y más proyectos, es bastante alta: unos la calculan en 150 mil y otros más optimistas creen que habrá de duplicarse de nuevo la del año anterior.

Son votos clave porque, sin duda, miden el nivel de aceptación de un gobierno, su capacidad de operación y su efectividad política.

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A seis meses de haber sido instalada como delegada de Programas del Bienestar en el estado, la juarense Mayra Chávez, empezará a darle una sacudida a la dependencia federal, tanto para apretar el paso en el cumplimiento de metas como para dotarla de solidez política.

Dicen que Chávez Jiménez ahora sí comenzará a acomodar a su gente de confianza en la toma de decisiones, pero más allá de eso, aseguran, integrará un equipo morenista estratégicamente inclusivo, para acabar con el manejo faccioso existente desde que la 4T es 4T en Chihuahua.

La delegada, que no es nueva en el morenismo y sí es muy cercana a la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, busca darles cabida a los militantes, siempre que cumplan con la condición de eficiencia y calidad en el servicio que deben prestar los funcionarios federales.

Es toda una novedad porque, desde 2018, la Secretaría del Bienestar en la entidad ha sido botín de grupos excluyentes, que no hacen equipo y solo entorpecen una labor prioritaria de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, como antes lo fue de Andrés Manuel López Obrador.