Las Cruces, NM— En una jornada marcada por la tensión y el descontento social, los comisionados del Condado de Doña Ana aprobaron con cuatro votos a favor y uno en contra la emisión de bonos para el Proyecto Júpiter, un centro de datos de inteligencia artificial valorado en 165 mil millones de dólares, a desarrollarse en Santa Teresa.
La decisión se tomó tras semanas de audiencias públicas en las que residentes, activistas y autoridades locales expresaron su rechazo. La sala de comisionados lució abarrotada de manifestantes que exigían detener la votación, señalando que la iniciativa representa un riesgo para el abasto de agua y para el futuro de la región.
Aunque los líderes del Condado insistieron en que la votación no constituye una aprobación final, sino únicamente la autorización de bonos de ingresos industriales, la decisión encendió los ánimos entre residentes, activistas y representantes locales que exigen frenar el proyecto.
“Ya tenían el plan y sólo nos dieron trámite para escucharnos. Este proyecto nos va a dejar sin agua en unos años y es un peligro para la comunidad”, denunció uno de los protestantes, entre los gritos de “¿Dónde está la democracia?” que retumbaban en el recinto.
De acuerdo con documentos oficiales, los comisionados considerarán autorizar hasta 165 mil millones de dólares en bonos para respaldar la iniciativa de la empresa Borderplex Digital Assets, que planea construir el centro de datos y otras instalaciones relacionadas.
El concejal de Sunland Park, Alberto Jaramillo, recriminó que la carta enviada por el alcalde Javier Perea –respaldada por el Cabildo de esa ciudad– fue ignorada por los comisionados. También puso en duda la legitimidad de una encuesta presentada por representantes del proyecto, que supuestamente reflejaba un 83% de apoyo ciudadano.
“Esa encuesta es una farsa. La realidad es que cientos de personas vinieron durante horas a manifestarse en contra y apenas un puñado habló a favor. Los comisionados sabían la verdad y aun así aprobaron el proyecto”, acusó Jaramillo.
El concejal advirtió además que, tal como ocurre en otros estados con desarrollos similares, los costos de infraestructura y los incrementos en tarifas de agua y electricidad terminarán repercutiendo en los bolsillos de los contribuyentes.
“Estamos obteniendo datos al mismo tiempo que se publican comunicados de prensa, y eso no cubre mucha información”, era uno de los reclamos que el alcalde Javier Perea, expresaba en la carta enviada a los comisionados del Condado de Doña Ana, la cual fue ignorada.
La comisionada Susana Chaparro fue la única en votar en contra. Pese a atravesar un duelo familiar, asistió a la reunión y se ganó el respeto de los manifestantes al defender su postura en contra del proyecto, argumentando que faltaba información y que debía dar prioridad a las preocupaciones comunitarias.
La representante estatal Micaela Lara Cadena también pidió retrasar al menos 60 días el proceso para permitir una participación más amplia de la comunidad.
Por su parte, activistas como Daisy Maldonado, de Empower NM, denunciaron la falta de estudios previos: “Falta un análisis económico, un análisis ambiental y, sin duda, falta la voz y la aceptación de la comunidad para este proyecto”.
En contraste, la representante del Distrito de Sunland Park, Gloria Gameros, votó a favor, lo que provocó reclamos de vecinos que aseguraron sentirse traicionados. “El Condado está desesperado por dinero y decidió venderse. Antepusieron el interés económico sobre lo social”, gritaban varios manifestantes mientras eran desalojados por la Policía del recinto.
Durante la junta pública, la cual tuvo una duración de casi siete horas, el subdirector del Condado, Stephen López, defendió y destacó la magnitud del plan. “El Proyecto Júpiter representa el mayor proyecto comercial potencial en la historia del Condado de Doña Ana, y de hecho, uno de los más grandes en la historia del estado. Podría generar al menos 750 empleos permanentes y miles de empleos en la construcción y cientos de puestos permanentes bien remunerados”.
Los funcionarios también aseguraron que la operación de los centros de datos no agravará la escasez de agua, pues funcionarán con un sistema de refrigeración en circuito cerrado, además de comprometer inversiones millonarias en infraestructura hídrica y de saneamiento.
“Así se mira la democracia aquí: se aprueba lo que ya estaba decidido y se ignora la voz del pueblo”, corearon al unísono los manifestantes mientras eran desalojados por los agentes del orden. “Peleamos por justicia para la gente, pero no nos quisieron escuchar”, dijo con voz entrecortada.
El ambiente se tornó aún más tenso tras la votación. Entre gritos, fue necesaria la intervención de agentes policiales para restablecer el orden. Los inconformes acusaron que la decisión fue apresurada y exigieron que se reprogramara la votación hasta dentro de seis meses al menos, algo que no fue atendido.
Aunque los comisionados enfatizaron que la resolución del viernes no es definitiva y que se trata de un paso previo relacionado con la autorización de bonos, los opositores insistieron en que el Condado “se vendió a los intereses de las empresas” y adelantaron que interpondrán denuncias legales contra la resolución.
Líderes locales y organizaciones comunitarias lamentaron que no se haya tomado en cuenta la voz de la comunidad de Sunland Park, enviada a través de una carta que aprobó el Cabildo en una resolución en la que solicitaba posponer la votación.
“Estamos obteniendo datos al mismo tiempo que se publican comunicados de prensa, y eso no cubre mucha información” expresó el alcalde Javier Perea, en la misiva en la que cuestionaba la falta de información:
La representante estatal Micaela Lara Cadena también pidió retrasar al menos 60 días el proceso para permitir una participación más amplia de la comunidad.
Por su parte, activistas como Daisy Maldonado, de Empower NM, denunciaron la falta de estudios previos: “Falta un análisis económico, un análisis ambiental y, sin duda, falta la voz y la aceptación de la comunidad para este proyecto”.
En la sesión marcada por consignas y protestas decenas de residentes exigieron transparencia y acusaron a los comisionados de apresurar una decisión histórica sin consultar debidamente a los afectados.
Y aunque la aprobación no significa el visto bueno final para la construcción, los críticos temen que el proceso ya esté encaminado sin considerar alternativas.
“Podrían haber votado en contra y las empresas tendrían la posibilidad de volver a presentar la solicitud. No había necesidad de acelerar”, dijo Maldonado. Otros demandantes aseguraron que con la aprobación de la emisión de bonos, el Proyecto Júpiter seguirá su curso, en medio de promesas de desarrollo económico y una creciente ola de desconfianza ciudadana.
